En medio del ajuste fiscal previsto para 2019, el ministro de Economía Nicolás Dujovne confirmó a los gobiernos provinciales que desde el año próximo tendrán que afrontar con recursos propios una parte del boleto de transporte urbano que actualmente subsidia la Nación. Al mismo tiempo trasladó a las provincias el costo de financiamiento de la tarifa social eléctrica. De transferirse esos mayores costos a los usuarios, ambos servicios podrían convertirse en prohibitivos para sectores de ingresos bajos y medios de San Nicolás.
El Gobierno nacional le traspasará en 2019 a las provincias y municipios la responsabilidad fiscal de subsidiar el transporte público de pasajeros por unos 60.630 millones de pesos, lo que podría derivar en fuertes aumentos en las tarifas. Nación también comunicó que transfiere a las provincias la responsabilidad de subsidiar la tarifa social en el servicio de energía eléctrica en un contexto de incrementos acumulados que en muchos hogares han configurado un escenario distorsivo en la relación de costo del servicio e ingreso salarial.
Ambas medidas suponen una seria amenaza -fundamentalmente- para las personas/familias de ingresos bajos y medios, y dinamitan las esperanzas de una mejor caldad de vida para quienes hoy tienen grandes dificultades para cubrir sus gastos corrientes. Ni hablar para quienes apenas pueden asegurarse el alimento diario.
Lo concreto (angustiante, para los afectados) es que si el costo de estas decisiones se transfieren al consumidor final entonces el transporte público y la energía eléctrica se convertirán en servicios prohibitivos para una porción importante de la sociedad, revelando la política de administrar recursos de tal manera que garanticen derechos sólo para quienes puedan pagar por ellos.
Por el momento, la transferencia de los subsidios de Nación a la competencia provincial no tiene aún un horizonte cierto en provincia de Buenos Aires. Algunos gobernadores ya han salido a expresar públicamente que no pueden hacerse cargo de tamaña obligación sin transferir (parte o todo) el nuevo compromiso a los municipios. En el último eslabón de la cadena de transferencias se encuentra el más débil, el que no puede trasladar este mayor costo a nadie. El usuario que no puede privarse -también- de los servicios esenciales.
El transporte
Según datos del ministerio de Transporte de la Nación, el Estado financia -en promedio- el 60 por ciento del boleto de transporte urbano en el país, por lo que la supresión de los subsidios en algunas jurisdicciones que no puedan pagarlo repercutirá necesariamente en un aumento fuerte del precio del viaje para el pasajero. Nación hoy destina a la provincia de Buenos Aires unos 16.752 millones de pesos, el 27% del total erogado en todo el territorio nacional. Si el Ejecutivo bonaerense resuelve (así lo indican las especulaciones previas) trasladar esa responsabilidad a los municipios, entonces estaremos más cerca de que sean los usuarios del colectivo quienes reciban (parte o todo) el perjuicio. Un golpe de gracia para los sectores (más) vulnerables que no pueden privarse del servicio.
Según el Ministerio de Transporte de la Nación, la empresa Vercelli Hnos, prestataria del servicio de transporte público en San Nicolás, recibió en agosto último 1.960.107 pesos de asignación por Sistema Integrado de transporte Automotor (SISTAU) y un total de 5.457.387 pesos por Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP). Esta compensación está dirigida a las empresas que prestan el servicio en el interior. También recibe un diferencial por el precio del gasoil. Lo que quedó claro es que desde el 1° de enero del año que viene, las empresas de transporte público deberán pagar a precio de mercado el litro de gasoil ya que el Gobierno nacional decidió recortar ese subsidio. Si bien podrían recibir un precio mayorista, la diferencia es menor a un cinco por ciento.
Fuente: Diario El Norte