La revolución verde, que avanzó con maquinarias y fertilizantes sobre los suelos con el argumento de paliar el hambre en el mundo, tras la segunda guerra mundial, volvió a la carga en los ´90, con semillas transgénicas y agroguímicos fuertes y sofisticados.
No hace falta aclarar que la hipergeneración de comida no se tradujo en un reparto equitativo a toda la población, pero provocó una dependencia creciente de los suelos depredados a las técnicas artificiales de producción. Así la provincia de Buenos Aires, la mayor productora agropecuaria del país, llegó a 2013 sin una ley acorde al nuevo paradigma de la explotación del agro.
A comienzos de 2010 el gobierno de Daniel Scioli retomó el diálogo con las entidades del campo, e inició el proceso que llevó a una readecuación de la añeja ley 10.699, de Agroquímicos, creada en 1988 y reglamentada recién en 1991, a través del decreto 499, pero que hasta la fecha no tuvo retoques. Los cambios que inició el entonces ministro de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, todavía siguen a la espera de la firma del Gobernador. Lo llamativo es que desde 1991 a la fecha la producción agropecuaria se triplicó fruto del uso de las semillas modificadas genéticamente, y con el amparo obligado de los pesticidas de alta potencia. En estos años existieron infinidad de presentaciones de particulares, ONGs ambientalistas y hasta docentes de escuelas rurales, que denunciaron problemas medioambientales y en la salud de los pobladores como consecuencia de las fumigaciones con tóxicos pesticidas.
Con mayor, menor o nula suerte, los planteos pasaron por la Justicia y la prensa, sin ser atendidos de manera integral por el Estado. En tanto, los monopolios que se fueron conformando alrededor de esta “revolución” siguen en constante crecimiento. De acuerdo a los datos recabados en los últimos años, las diez más grandes industrias productoras de semillas saltaron de controlar un tercio del comercio global a controlar la mitad de todo el sector. Monsanto pasó a ser la mayor empresa global de venta de semillas (no sólo transgénicos, de las cuales controla 90% del mercado, sino de todas las comercializadas en el mundo), seguida por Dupont, Syngenta, Groupe Liamagrain, KWS Ag, Land O´Lakes, Sakata, Bayer Crop Sciences, Taikii, DLF Trifolium & Delta y Pine Land.
Contradicciones
Desde el Ejecutivo provincial indican que en breve el gobernador Scioli firmará el decreto que había sido discutido con las entidades del campo, por el cual se definen de forma exacta las distancias de exclusión para las fumigaciones. Se mantienen los dos mil metros respecto de las áreas urbanas, aunque la medición se rige a partir de la ley del Suelo, por la que cada municipio define por ordenanza los límites precisos. Se establecen excepciones con los pequeños productores, que utilizan maquinaria rural de menor alcance (en general, los denominados “mosquitos” ), en cuyo caso se acepta a partir de los quinientos metros. También incluye a aquellos horticultores que usan los agroquímicos de aplicación con mochila, con máquinas pequeñas; “entonces hay consideraciones para su uso” , dicen desde el gobierno.
Sin embargo, cuando se consulta a los jefes de las entidades, las críticas crecen más que los productos que fomentan. Aunque avalan el decreto de Scioli como “el mal menor”, cuestionan la figura del ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, a quien señalan como un hombre del kirchnerismo. Pero mayor es el enojo que muestran hacia el proyecto de ley que puso en marcha la senadora del FpV Marina Moretti, que establece una reglamentación en todo el proceso, desde la compra hasta la utilización del agroquímico, con mayores áreas de exclusión.
Representantes de Carbap, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro, junto a las cámaras empresariales de la industria del fertilizante, aeroaplicadores, siembra directa y distribuidores de agroquímicos y semillas, recorrieron los pasillos legislativos y se reunieron con los bloques opositores, en un fuerte lobby contra el proyecto de la senadora camporista.
Es poco probable que esta iniciativa prospere tal como está redactada, ya que la propia autora acepta la posibilidad de modificaciones. Para muchos, ésta es sólo una expresión electoral de un oficialismo que necesita mostrar propuestas frente a una problemática que nunca había tenido eco en la Provincia. Este argumento se fortalece con el vicegobernador, Gabriel Mariotto, que de golpe, en forma compulsiva, presentó una batería de proyectos vinculados al tema. Y puede ser que la campaña también justifique la demora del gobierno en firmar un decreto de readecuación, aunque mínima pero que impondría una regulación hoy inexistente. El proselitismo no escapa a la oposición, que se dedicó a publicitar el lobby del campo y los industriales, sin reconocer su propia inercia legislativa. Sin novedades reales, los agroquímicos entraron en la campaña.
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