El municipio es uno de los focos de la polémica por el “Vacunatorio VIP”, que eyectó al ex ministro de Salud de su cargo. La Justicia investiga las irregularidades
El padre de la directora de un hospital interzonal, una concejala y un joven de 23 años aparecieron como nuevos casos irregulares en la campaña de vacunación contra el coronavirus en el municipio bonaerense de San Nicolás, uno de los centros del escándalo de la vacunación VIP que terminó con la renuncia del ex ministro de Salud Ginés González García. Ya sea porque encontraron el modo de “adelantarse en la fila” o por los criterios definidos en la planificación, las personas involucradas recibieron sus respectivas dosis contra la COVID-19 antes que la población priorizada o con una alta exposición a contraer un cuadro grave de la enfermedad.
San Nicolás de los Arroyos es el lugar de nacimiento del propio Ginés y de su sobrino y ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli. Las esquirlas de la bomba que eyectó al sanitarista de su cargo alcanzaron al Hospital Interzonal de Agudos San Felipe, donde dirigentes de la oposición y la Justicia posan ahora su mirada. La fiscal de la UFI N°10 Verónica Marcantonio detectó que aparecían en los registros personas que figuraban “como personal de la salud y no lo son” y ordenó un allanamiento.
Según pudo relevar Infobae, los tres nuevos casos de aplicación que se detectaron son, al menos, brumosos. Osvaldo Rodolfo Nuciari, de 59 años, es el padre de la directora adjunta del Hospital San Felipe, Brenda Nuciari Rodríguez, una abogada y militante de La Cámpora que comparte la conducción de la institución sanitaria junto a los médicos Pablo Gavazza y Mauricio Campanella.
La situación de Rodolfo Nuciari es curiosa porque, además del vínculo familiar con su hija, no atiende pacientes, sino que es un distribuidor de productos esenciales de farmacia y oncológicos. En el hospital no se lo conoce, indicaron fuentes de San Nicolás. Fue vacunado el 9 de enero pasado, a poco más de una semana de desembarcar el primer cargamento de Sputnik V a San Nicolás. Según las cifras oficiales del monitoreo de vacunación de la Provincia de Buenos Aires , el hombre está dentro de los primeros 500 afortunados que recibieron la inmunización. Y San Nicolás es una ciudad grande: cuenta con 160.000 habitantes.
Paola Enrico, una concejal del Movimiento Evita y presidente del bloque del Frente de Todos local, es otro de los casos poco transparentes. Asumió su banca en diciembre de 2019, en la lista que llevaba a Cecilia Comerio como candidata a intendente. La dirigente local es odontóloga de profesión y reconoció públicamente que se aplicó la vacuna después del escándalo, antes no lo había difundido. “Yo me vacuné respetando el proceso de inscripción”, aseguró ante una emisora local. De acuerdo al registro federal de vacunación, la referente se inmunizó por ser “personal de salud” y no por su rol actual como representante comunal.
Casualidad o no, Enrico recibió la inmunización el 12 de enero cuando todavía se estaban distribuyendo las primeras dosis a médicos que estaban en la primera línea de atención contra la COVID-19. Otro golpe de suerte: a esa fecha, se habían vacunado a 594 personas del personal sanitario, sobre un total de más de 4 mil profesionales vinculados al sector en toda la ciudad de San Nicolás. De ese grupo, unos mil empleados prestan tareas en el hospital interzonal.
En el listado de vacunados irregulares aparece también un joven de 23 años y militante del Frente Grande, una de las agrupaciones que forman parte de la coalición oficialista. El nicoleño posteó la imagen desde su cuenta en las redes sociales, posando con la libreta, pero al poco tiempo la borró. En sus redes tiene una foto junto al gobernador Axel Kicillof y la concejala Cecilia Comerio, que asumió en diciembre de 2019 por el Frente de Todos en la localidad.
El joven publicó el posteo el 1 de marzo -día en que aplicó la vacuna Covishield del laboratorio AstraZeneca, según consta en su certificado- después el allanamiento por la vacunación VIP en el hospital local de San Nicolás. Realiza tareas de mantenimiento en una posta sanitaria dependiente del hospital San Felipe, aunque algunos lo conocen por su rol de vendedor helados. Infobae pudo corroborar que tanto el joven de 23 años como Nuciari fueron inmunizados como “personal de salud” en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Como en otros casos que salieron a la luz, su situación es parecida a la de aquellos empleados del personal administrativo, logístico o de asistencia que no atiende de manera directa a pacientes, pero que trabajan en servicios vinculados a lo sanitario en establecimientos que dependen del Ministerio de Salud, PAMI o ANSES. Con ese criterio laxo, se filtran en el plan de inmunización personas con bajo riesgo de contraer un cuadro grave de la enfermedad o con menor exposición al contagio.
La nómina de afortunados finalmente incluyó al periodista Pablo González, quien declaró que también fue vacunado al ser convocado por los directivos del hospital San Felipe. González es sobrino-ahijado del ex ministro Ginés González García. “Me anoté el 9 de enero y me llamaron el 13 de enero. Fui al vacunatorio del hospital San Felipe de San Nicolás. Mi esposa también se anotó un día antes que yo, y la vacunaron. Ella tiene 47 años. Me dieron un turno, fui y me vacuné”, dijo el periodista de 57 años y jefe de redacción de el diario El Norte.
En el entorno del intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, admiten irregularidades en la vacunación en el distrito, pero aclararan que la administración de las dosis quedaron fuera de su órbita y depende del gobierno bonaerense, y en especial, de la conducción política y sanitaria de La Cámpora, a cargo de Brenda Nuciari Rodríguez.
Al momento, la Justicia provincial que inició la investigación se bajó del expediente y elevó el pedido al juez de garantías Román Parodi. Ya empezó a entregar todo el material al Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. En la oposición tienen suspicacias sobre ese cambio de jurisdicción, ya que las pesquisas caerán en el fiscal Matías Di Lello, considerado como un allegado al kirchnerismo. El intendente Passaglia lo denunció por “abuso de autoridad y el incumplimiento de normas anti-epidémicas y de los deberes de funcionario público” por negar información sobre lo actuado durante el aislamiento obligatorio (ASPO).
Las irregularidades por el manejo de las vacunas se repite en otras ciudades bonaerenses y ya tuvo repercusiones en la Legislatura provincial. La bancada de diputados de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informe para que el gobierno de Axel Kicillof informe si hubo casos de “vacunados VIP” en el distrito.
“Vamos a exigir explicaciones sobre el desmanejo y malversación de los recursos del Estado en la campaña de vacunación por COVID-19. Vacunación VIP, corrupción, desinformación, contradicciones. El gobierno maneja las pocas dosis de vacunas contra el COVID-19 que han ingresado al país como si se tratara de bienes personales y no recursos escasos del Estado que debieran estar únicamente en manos del personal de salud, esenciales y adultos mayores, en esta primera etapa”, dijo el diputado vidalista Alex Campbell.
Hace poco más de diez días, el gobernador Axel Kicillof expuso en uno de sus objetivos que “nadie se vacune fuera de las prioridades”. “Puede haberse vacunado algún colado, pero en la Provincia vacunamos según la prioridad. La Provincia hace sus mayores esfuerzos para que nadie engañe, nadie mienta pero hay un momento donde pensamos que debemos vacunar a millones de personas”, resaltó. Tras el escándalo, el gobierno bonaerense instó a la población a radicar denuncias por ir regularidades a la línea 148 o en la web oficial de Vacunate.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires ya lleva más de 580 mil personas inmunizadas contra el coronavirus. Al día de ayer, en San Nicolás se habían aplicado 5980 dosis.
FUENTE: INFOBAE