El periodista Fernando Niembro bajó su candidatura a diputado nacional por el frente Cambiemos, según confirmaron fuentes a LA NACION. Niembro le propuso bajar su candidatura a Mauricio Macri, luego de la denuncia por lavado de dinero en su contra, y Macri aceptó la propuesta.
Según relataron a LA NACION fuentes cercanas al relator deportivo, Niembro se sentía “dolido por la situación”. Ayer se reveló que el ex candidato ya le había propuesto bajar su candidatura a Macri, pero éste se había negado.
Hace dos semanas, el diario Tiempo Argentino había denunciado que Niembro, a través de su productora “La Usina”, había facturado de manera irregular contratos con el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires por $ 20 millones.
Luego, Procelac inició una investigación contra Niembro y su socio en “La Usina” por lavado de dinero, a través del fiscal antilavado Carlos Gonella. Esta denuncia también afecta al gobernador electo de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
Las denuncias ya habían tenido repercusiones concretas ayer, cuando se hizo público que el periodista se apartaba como conductor de “La última palabra”, su programa en la cadena Fox Sports, por “unos días”. Hoy a la mañana, el diputado de Pro Federico Pinedo reconoció que el impacto de la investigación judicial “está perjudicando la campaña” del partido. Horas mas tarde se conoció que Niembro finalmente bajó su candidatura.
LA DENUNCIA
Según indica la presentación de Procelac, las “164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de ‘La Usina Producciones S.R.L.’ por un monto total de $19.473.878,30 nunca fueron otorgadas a través del mecanismo de licitación pública”.
“Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de ‘urgencia’, dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”, dice.
En la denuncia, los funcionarios de la Procelac consideraron que Niembro y su socio “podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos”, por lo cual solicitaron que la causa que tramita ante el juzgado nacional en lo criminal de instrucción número 23 sea remitida a la justicia federal.
Asimismo, consideraron que ambos socios fueron “beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las operaciones impostergables que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la ciudad”, y destacaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería “no pareciera” estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable”.
Fuente: La Nacion
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