Así lo reveló hoy el Programa periodístico “A mi manera”, que se emite por FM 102.3 radio Martí, que conduce el periodista Jorge Martinez . Ambos funcionario municipales están acusados por el fiscal Matías Di Lello por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber utilizado más de dos millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo nacional con fines distintos a los establecidos por la ley. También se investiga el destino de otros cuatro millones de pesos del mismo fondo
Las fuentes consultadas por el Programa confirmaron que el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó ayer la indagatoria de Ismael José Passaglia, intendente de nuestra ciudad, y de su secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Lencina. Recordemos que ambos funcionarios se los investiga por la malversación de recursos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo, regulado por la ley nacional 26.075. De acuerdo con la investigación del fiscal, la suma que habrían destinado a fines distintos a los que señala la ley es de $ 2.249.874. sin embargo, aún resta acreditar, además, en qué fueron utilizados más de tres millones de pesos pertenecientes al mismo fondo.
La causa se inició a partir de la denuncia realizada por un periodista de la ciudad de San Nicolás, quien sostuvo que los más de dos millones de pesos que deberían haberse utilizado en obras destinadas a mejorar el acceso de los grupos vulnerables a la educación, fueron adjudicados a la empresa IARSA mediante el decreto número 753 del 29 de mayo de 2013. En el mismo se sostiene por parte del Departamento ejecutivo que los gastos emergentes de la ampliación de la carpeta asfáltica del Barrio Somisa que fueron obtenidas mediante la licitación pública 17/12, deberán ser afrontados con las fuentes de financiamiento 132 provenientes del fondo educativo según Ley 26075.
La reasignación de fondos se realizó mediante dos decretos que llevan las firmas del intendente y del secretario de obras y servicios públicos del municipio. Pero sólo se pudo acceder a ellos por medio de una orden de allanamiento que había solicitado el fiscal y que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo convalidó y resolvió que se llevara adelante.
Durante el allanamiento, el comisario a cargo del procedimiento y los funcionarios del juzgado y la fiscalía que intervinieron, fueron recibidos por el intendente y su hijo y secretario privado, Manuel Passaglia. En el pedido de indagatoria se narra que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo municipal se dirigió de forma prepotente hacia el personal policial y luego se retiró a su despacho.
Luego, se presentó el secretario de gobierno municipal, Danilo Petroni, junto a otro de los hijos del intendente, quienes “mostraron una actitud reticente hacia la orden judicial impartida”, e insultaron tanto al personal policial, como al judicial y al del Ministerio Público. Recién entregaron la documentación solicitada luego de casi tres horas de espera y maltrato.
A partir de la lectura de los decretos, Di Lello pudo comprobar que la reasignación de partidas se había realizado sin ningún tipo de fundamentación, lo que “impide a la ciudadanía en general y al suscripto en particular dilucidar las circunstancias que llevaron a utilizar fondos afectados a la implementación de políticas Nacionales de Educación (establecido por ley del Congreso Nacional), en la ampliación de una obra de pavimentación que se enmarca en un plan general de pavimentación de la ciudad, tal como el propio decreto lo señala”.
Por otra parte, el fiscal remarcó que la ley nacional de financiamiento educativo destaca, como objetivo primordial del fondo establecido, “la inversión en los sectores más carenciados, con la finalidad de recortar la brecha existente entre éstos y los ámbitos de mayor nivel económico”.
En el pedido de indagatoria al Intendente Municipal de San Nicolás Dr. Ismael Passaglia y su Secretario de Obras Públicas Marcelo Lencina, que se puede consultar también en la página www.fiscales.gob.ar , el representante del Ministerio Público señaló que la fundamentación, “propia de todo acto administrativo”, resultaba entonces aún más necesaria en el caso, “dado que la utilidad que se estaba otorgado a los fondos no resultaba de por sí vinculada a políticas educativas”.
El fiscal cursó el pedido de indagatoria al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque (que interviene debido a que los jueces de San Nicolás se excusaron). En su presentación, acusa al intendente y a Lencina por el delito de malversación de fondos, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Di Lello también le requirió al juez que se forme causa por separado por la resistencia a la autoridad en el allanamiento, debido al maltrato al que habían sido expuestos los policías y funcionarios que llevaron adelante el procedimiento.
Escuelas deterioradas
En otro pasaje del pedido de indagatoria, Di Lello explicó que luego de los testimonios brindados en la causa por todos los miembros del Consejo Escolar del distrito, representantes de diversos gremios docentes de la ciudad, y diferentes autoridades educativas, pudo elaborar un panorama del estado de los establecimientos educativos de la ciudad.
En este sentido, se pudo comprobar que “la mayoría de los establecimientos escolares de la ciudad presentan serias y graves necesidades edilicias”. Uno de los testimonios que dio cuenta de esa situación fue el del vicepresidente del Concejo Escolar, Darío Liendro, quien declaró que “los 96 establecimientos escolares públicos [del municipio] presentan alguna necesidad edilicia por encontrarse en su mayoría deteriorados, ya que vienen acarreando años de falta de mantenimiento”.
Los problemas se agravan en los barrios más humildes. Sobre este aspecto, se resaltó el caso de una escuela que por filtraciones en los techos, daños en los desagües y baños, tuvo inconvenientes eléctricos que llevaron a suspender sus actividades.
También se destacó el caso de un colegio para niños y jóvenes discapacitados. Allí los problemas edilicios impiden un desenvolvimiento normal de las actividades escolares, así como también se imposibilita llevar adelante el cuidado especial que necesitan los alumnos de ese espacio.
Matafuegos con más de tres años de vencimiento, filtraciones en los días de lluvia, pérdidas de gas, problemas con baños y cloacas, con las calefacciones de las aulas y la presencia de roedores y demoras en las desinfecciones fueron otras de las tantas situaciones que se denunciaron en la causa sobre el estado de las escuelas públicas de San Nicolás.
Ante este panorama, también se acreditó que los representantes del consejo Escolar y los gremios docentes, al enterarse de la existencia de los fondos nacionales, efectuaron diversos reclamos al municipio. Sin embargo, tanto el intendente como su hijo les respondieron que “la utilización [de los fondos] resultaba privativa del municipio, así como la responsabilidad por su uso”.
Los millones que faltan acreditar
El fiscal sostuvo que de acuerdo a la información brindada por organismos nacionales y provinciales, se pudo acreditar que el monto total que había recibido el municipio hacia fines de octubre de 2013 era de más de cinco millones y medio de pesos. Ya se sabe que de esa suma, más de dos millones fueron utilizados en las obras de repavimentación del barrio Somisa, en especial la zona costera del barrio, que da sobre el arroyo Ramallo. A partir de las pruebas colectadas, Di Lello demostró que ninguno de los establecimientos educativos públicos de la zona fue beneficiado por esa repavimentación.
Pero aún resta saber cuál fue el destino de los más de tres millones de pesos restantes. Para ello, el fiscal requirió una serie de testimonios para conocer qué sucedió con los millones que faltan justificar.
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