Así lo reflejo INFOBAE en su portada de hoy.La noticia no tardó en llegar a los medios nacionales y por ende a todo el arco político.Aunque pueda parecer obvio, una escuela y el asfaltado de una calle no son lo mismo. Pero, al parecer, el intendente de San Nicolás no piensa así. La Justicia investiga el destino queIsmael José Passaglia le dio a más de $6.000.000 que correspondían al Fondo de Financiamiento Educativo para promover el acceso al colegio de los sectores más vulnerables ya que, de acuerdo a la investigación del fiscal Matías di Lello, al menos$2.249.874 de esa partida fueron adjudicados a la empresa Iarsa para que repavimentara el barrio Somisa.
La reasignación de fondos fue realizada a través de dos decretos que llevan las firmas del jefe comunal y su secretario de Obras Públicas, Marcelo Lencina. Pero acceder a esos dos documentos oficiales no fue fácil: la Justicia sólo pudo dar con ellos gracias a la orden de allanamiento solicitada por el fiscal y luego convalidada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.
Cuando, acompañados de la policía, los funcionarios se presentaron en la intendencia para pedir los decretos, fueron insultados por el intendente en persona, quien además los hizo esperar tres horas hasta entregarles los documentos.
A partir de los datos allí encontrados, Di Lello decidió solicitar la indagatoria de Passaglia y Lencina por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el periodista local Mauricio Spahn. Por estas horas, se intenta dilucidar además el destino que el municipio le dio a otros cuatro millones de pesos, según consignó el sitio web oficial fiscales.gob.ar.
Al acceder a los decretos, el fiscal pudo comprobar que la reasignación de partidas se hizo sin justificación alguna. “Impide a la ciudadanía en general y al suscripto en particular dilucidar las circunstancias que llevaron a utilizar fondos afectados a la implementación de políticas nacionales de Educación (establecidas por una ley del Congreso de la Nación), en la ampliación de una obra de pavimentación que se enmarca en un plan general de pavimentación de la ciudad, tal como el propio decreto lo señala”, advirtió en su presentación.
Di Lello debió elevar el pedido al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque porque ningún magistrado del partido bonaerense aceptó hacerse cargo de la denuncia: todos se excusaron por conocer al intendente o tener algún tipo de vínculo con él. Debido al maltrato que recibieron los funcionarios durante el allanamiento, el fiscal también pidió que se le inicie una causa por resistencia a la autoridad.
Leave a Reply