La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar a un recurso de apelación presentado por el fiscal federal Matías Di Lello y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) María Laura Roteta, y ordenó que la investigación por lavado de activos que involucra al intendente de San Nicolás Manuel Passaglia y a parte de su círculo familiar continúe en la justicia federal.
El fallo de la Cámara, firmado por el juez Fernando Lorenzo Barbará , se produjo luego de que el juzgado federal 2 de San Nicolás hiciera lugar en marzo a un planteo de Passaglia y declinara la competencia para intervenir en la investigación en el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial, del fuero provincial. Aquella resolución fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quienes lograron que se revoque la decisión.
La Cámara Federal rosarina que tiene jurisdicción en San Nicolás, recordó que la causa se inició con la denuncia efectuada por una persona cuya identidad se encuentra reservada, “mediante la cual se puso en conocimiento que Ismael José Passaglia, Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, Manuel Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia, podrían haber realizado diferentes hechos calificables dentro de las previsiones establecidas por el artículo 268 (2) párrafos 1 y 2 [enriquecimiento ilícito] y artículo 303 [lavado de activos], todos del Código Penal”.
Manuel Passaglia integra Cambiemos y es hijo del histórico dirigente peronista de San Nicolás Ismael Passaglia que se sumó al gobierno provincial de María Eugenia Vidal como presidente del Instituto de la Vivienda. Para asumir ese cargo en el gobierno provincial en 2017 Ismael Passaglia pidió licencia como intendente y ese puesto quedó para su hijo Manuel que era primer concejal por la lista oficialista.
Se investiga a toda la familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ya que, como explican fuentes judiciales, la familia tiene un patrimonio que está sospechado de haberse conseguido a partir del ejercicio de la función pública de varios de sus integrantes.
Cuando el fiscal Di Lello impulsó la investigación sobre la familia Passaglia había señalado que los hechos denunciados “habrían configurado maniobras de lavado de activos en los términos del artículo 303 del Código Penal”, de competencia exclusiva del fuero federal. Además, le solicitó colaboración a la Procelac, desde donde se propuso “profundizar la investigación patrimonial respecto de los principales investigados como así también ampliarla hacia personas que podrían resultar ‘prestanombres'”.
A partid de la decisión e la Cámara Federal de Rosario será la justicia federal y no la provincial la que determine si la familia Passaglia se enriqueció ilícitamente y cometió además el delito de lavado de dinero. La investigación recién comienza.
Gentileza Infobae.com.ar