El próximo martes 26 de junio se cumplirán 10 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Estación Avellaneda en el marco de una protesta realizada por organizaciones sociales y políticas. Con un suplemento especial, Télam recuerda el aniversario del hecho.
Hace 10 años, un conjunto de organizaciones sociales y políticas confluyeron en una jornada de lucha por alimentos, trabajo, pago de planes de empleo y por el aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos.
Durante los días previos, desde el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires comenzó un discurso legítimante y justificatorio de una futura represión, en el que incluso se hablaba de “guerra” y de que no se permitiría el corte de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, el 19 de junio el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, afirmó en conferencia de prensa, en consonancia con lo que se iba a decir apenas producidas las muertes de Santillán y Kosteki, que con respecto a los piqueteros había una “suerte de guerra de unos contra los otros” y explicó que en las reuniones oficiales que “se mantuvieron con los funcionarios y las fuerzas de seguridad se estableció un mecanismo de coordinación que nos permita proteger el derecho de las personas a su desplazamiento”.
Ese día, en un operativo conjunto entre la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía Bonaerense, más de 400 efectivos se hicieron presentes para impedir la protesta.
En medio de la represión, Maximilano Kosteki, de 25 años y quien pocos meses antes había comenzado a militar en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón de Guernica, fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, ubicado en la Avenida Pavón.
Una vez herido, sus compañeros lo llevaron hasta la estación de trenes de Avellaneda, hacia donde llegó Darío Santillán, quien al entrar un grupo de policías al lugar les dijo a los demás que se vayan, que él se quedaba. El ex comisario Alfredo Fanchiotti, condenado luego a cadena perpetua, lo ejecutó por la espalda.
Darío tenía 21 años y militaba en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón de Lanús, más precisamente en el barrio La Fe, donde de aprobarse un proyecto presentado en el Concejo Deliberante del municipio, una calle llevará su nombre.
El mismo Atanasof sostuvo durante la jornada que “los piquetes no hacen más que contribuir al caos” y que era necesario “impedir los cortes cueste lo que cueste”.
Sobre los sucesos de ese día, Mariano Pacheco, compañero de Darío Santillán y militante del Frente Popular Darío Santillán, señaló que “estaba la mirada de que iba a haber una represión”.
“No imaginamos que iba a ser a nivel de muertos y eso no se discutió y ni siquiera a nivel de heridos de bala. Sí se discutió que nos iban a reprimir, nos iban a cagar a palos y nos iban a meter en cana. En ese sentido fuimos muy conscientes, nadie fue sin saber y la decisión era un poco con miedo, con dudas, pero pensábamos que si no le parábamos la mano a eso no sabíamos cómo iba a terminar. Ya venían meses de aprietes, golpizas y amenazas que iban subiendo de tono”, explicó.
Por su parte, el abogado Claudio Pandolfi, uno de los querellantes en la causa, aseguró que “el 26 de junio y los hechos posteriores cortaron un proyecto de claro corte neoliberal-fascista que era el duhaldismo, que hasta ese momento decía que no era tiempo de elecciones, un Presidente que no había ganado las elecciones, que asume después de estar vinculado a una movida para voltear al gobierno de De la Rúa y que se planteaba seguir en el gobierno y llevar adelante una política muy vinculada al fascismo y después de esa fecha tiró por la ventana ese proyecto y convoca a elecciones”.
El Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán, llevó adelante el juicio por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y las agresiones con balas de plomo de Aurora Cividino, Sebastián Conti, Sebastián Russo, Walter Medina, Silvina Rodríguez Barracha y Miguel Ángel Paniagua. El fiscal encargado de la acusación durante el juicio fue el Dr. Bernardo Schell. El proceso se extendió entre el 17 de mayo de 2004 y el 10 de enero de 2006.
Los policías involucrados en la causa eran: Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, acusados por homicidio. Luego estaban acusados Félix Vega -ex comisario mayor-, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente -ex policías- como autores de encubrimiento agravado; Gastón Sierra -ex policía-, por encubrimiento agravado; Lorenzo Colman -ex policía-, por encubrimiento agravado; Francisco Celestino Robledo -policía retirado que realizó detenciones-, por usurpación de título y honores.
Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, aunque ninguno de los demás policías que recibieron sentencias está preso, ya que apelaciones ante la Corte Suprema evitaron que las condenas iniciales se hagan efectivas.
Asimismo, el tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora recomendó que se investigara la responsabilidad que podía haberle cabido en el asesinato al gobierno del presidente Eduardo Duhalde, pero esa causa fue archivada.
Sin embargo, para Pandolfi, durante el proceso judicial, las responsabilidades políticas “quedaron absolutamente acreditadas” y mencionó el testimonio de Juan Pablo Cafiero, quien fuera designado ministro de Seguridad después de esa fecha, “donde él reconoció que había un discurso previo que transmitía la idea de la represión, de una guerra, él dijo que sí las fuerzas de seguridad reciben ese discurso lógicamente van a actuar en función de ese discurso” y señaló que “las fuerzas de seguridad son como perros de presa que si uno los tiene con el collar corto van a obedecer pero que si uno los suelta son capaces de cualquier cosa”.
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