El gobierno de María Eugenia Vidal presentó ocho denuncias penales por supuestos actos de corrupción durante la gestión de Daniel Scioli que habrían afectado a la provincia en 1500 millones de pesos. Los casos, iniciados en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas a cargo de Jorge Paolini, se centran en el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y apuntan al pago de sobreprecios, estafas y prestaciones falsas.
Según el presidente de IOMA, Sergio Cassinotti, sin estos pagos irregulares se pudo haber ahorrado $ 380 millones por año. Es decir, el perjuicio superaría los $ 1500 millones en los últimos cuatro años. “Todo esto no se pudo hacer sin paraguas político. Hubo cobertura de los niveles más altos del gobierno anterior”, dijo Cassinotti a LA NACION.
Las irregularidades más escandalosas corresponden a las internaciones domiciliaras fraguadas, que costaron $ 200 millones cada año.
Entre los casos señalados figura la empresa Clidomint, que pasó facturas por la internación de la María Delfina Gómez de Miguez entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero la mujer había fallecido el 29 de noviembre. Otro caso recurrente es el pago del IOMA de hasta $ 30.000 para tratamiento especiales a discapacitados, pero las familias de los pacientes recibían sólo $ 8000.
En ortopedia se registraron facturas fraguadas y sobreprecios de hasta el triple de su valor de mercado.
También se detectó el faltante de 103 computadoras que figuraba como recibidas e inventariadas en el patrimonio del IOMA.
La mayoría de estas irregularidades se registraron durante la gestión de Antonio La Scaleia, que asumió en 2010. Pero ni este funcionario ni Scioli fueron imputados ni procesados por el fiscal Paolini. Se trata del mismo fiscal que el año pasado, y en medio de la campaña, no apeló el sobreseimiento de Scioli en la causa por enriquecimiento ilícito, que fue resuelto sin peritaje contable.
Dos de las denuncias recién están en trámite para iniciar su carátula. El resto fueron remitidas a otras unidades de investigación. La denuncias salpican además a los representantes de los sindicatos de UPCN y Suteba en el directorio de IOMA.
Para La Scaleia, las denuncias no son más que “mentiras”. El ex funcionario negó que durante su gestión hubiera existido una metodología tendiente a defraudar a la obra social. “Están mintiendo. Es un ataque del gobierno actual contra el gobierno anterior: una cosa es la gestión y otra es la política”, destacó.
Según La Scaleia, durante su gestión IOMA trabajó con licitaciones públicas y con intervención de la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, todos organismos que estuvieron en manos de la oposición a Scioli.
“Pudo pasar que una empresa privada intentara defraudar al Estado, como en el caso de las internaciones domiciliarias. Nosotros también lo denunciamos. Eso no significa de ninguna manera connivencia entre los privados y el IOMA”, dijo.
“Nosotros dejamos una obra social funcionando, con superávit. Están mintiendo para atacar al ex gobernador”, agregó. Scioli también fue consultado por LA NACION, pero derivó la consulta en La Scaleia.
Cassinotti es terminante: “Las pruebas están en la Justicia. Alguien tiene que ir preso”.
Fuente: La Nacion
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